Sandra Martínez Contreras

Red Fronteriza de Salud y Ambiente, A.C.

El gobierno de Sonora ha ejercido una política fallida para promover el desarrollo sustentable de la entidad, al impulsar obras y proyectos que incentivan el uso de combustibles fósiles y emisiones al ambiente, al obstaculizar la participación ciudadana en la formulación de proyectos y al negar información ambiental de interés público.

Las organizaciones de la sociedad civil celebramos este día invitando a la ciudadanía en general a sumar esfuerzos para prevenir y atender los problemas ambientales en nuestras comunidades, pero también utilizamos este día para recordar a nuestras autoridades la necesidad de redefinir el rumbo de las políticas, las leyes, los programas y proyectos de gobierno hacia un modelo de desarrollo que atienda las necesidades sociales, económicas y ambientales ligadas al aprovechamiento de los recursos naturales de la región y a los problemas ambientales mundiales como el cambio climático, los contaminantes orgánicos persistentes y la pérdida de especies.

Las autoridades por su parte, utilizan este día para difundir las acciones gubernamentales a favor del medio ambiente y para entregar reconocimientos y premios al mérito ecológico a instituciones y ciudadanos cuya labor destaca en esta materia. Hace cinco años, un día como hoy recibimos del Gobierno del estado de Sonora un reconocimiento al mérito ambiental por nuestra trayectoria, el primer reconocimiento de este tipo lo habíamos recibido durante la administración estatal anterior. Ambas distinciones las recibimos como un incentivo para enfrentar el reto de seguir promoviendo la participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan el medio ambiente y la salud de nuestras comunidades.

Es este mismo reto el que hoy nos hace reflexionar sobre la conducción de seis años de gobierno estatal en materia de medio ambiente.

Participación ciudadana: tarea pendiente

La participación ciudadana es una actividad de asumimos y ejercemos diariamente dando seguimiento al principio diez de la Convención sobre Medio Ambiente firmada en Río de Janeiro en 1992 que dice, “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es la participación de todos los ciudadanos”. Es así como nuestra organización representó al sector ONG en el consejo nacional para el desarrollo sustentable durante dos ciclos y seguimos participando en otro tipo de consejos como el comité nacional para implementar del Convenio de Estocolmo en México.

La participación ciudadana significa que la ciudadanía pueda tomar parte de las decisiones de gobierno siendo consultada e informada oportunamente a través de diferentes mecanismos, con ello se busca ejercer la corresponsabilidad en el cuidado del medio ambiente y la equidad en la distribución de beneficios relacionados con la realización de obras o actividades que impactan el equilibrio ecológico.

En este sentido, fue muy atinado que una de las estrategias del Plan estatal de Desarrollo 2004-2009 planteara una nueva forma de hacer política a través de “fomentar la participación ciudadana en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas”. Sin embargo, durante la actual administración estatal las políticas públicas –la herramienta gubernamental para atender las necesidades sociales traducida en programas y proyectos concretos– han carecido de procesos participativos e incluyentes.

El Plan Sonora Proyecta (PSP), considerado el gran programa de gobierno para impulsar el desarrollo de la entidad careció de mecanismos de consulta pública abierta para decidir los proyectos prioritarios para la sociedad sonorense, ésta prioridad fue definida por el aparato gubernamental y fue planteada a la comunidad acompañada de una campaña para desacreditar cualquier discusión o análisis en contra de la pertinencia o viabilidad de los proyectos.

De haberse observado algún mecanismo participativo, tal vez hubiéramos podido influir en el diseño e implementación de una política de calificación ambiental que guiara la aprobación del conjunto de proyectos. El PSP careció de esta calificación que es aplicada voluntariamente por instituciones públicas y privadas alrededor del mundo para garantizar que los proyectos cumplen con estándares ambientales requeridos como, procesos transparentes de evaluación de impacto ambiental, involucramiento de la población afectada, entre otros.

Un caso concreto que ejemplifica las directrices seguidas por el gobierno estatal en el desarrollo de proyectos del PSP fue la construcción del complejo cultural MUSAS en la capital sonorense. Tras la discusión pública sobre la ubicación del proyecto y protestas de grupos locales que se oponían a la eliminación de un pulmón de la ciudad para su construcción, el gobierno del estado optó por un proceso de evaluación de impacto ambiental secreto, donde obtuvo una autorización que no pudo ser conocida por la ciudadanía afectada, sino después de iniciadas las obras de construcción y debido a un procedimiento judicial que generó una recomendación del Tribunal estatal de transparencia informativa para que la información fuera proporcionada.

Acceso a la información: democracia vulnerada

Para que la participación ciudadana sea posible requiere que se den varios elementos, uno de ellos es el acceso a la información. La información clara y oportuna condiciona el nivel y el tipo de participación la ciudadanía. Si no tenemos información sobre los ecosistemas, disponibilidad de recursos como el agua, las obras o actividades que impactan el medio ambiente, etc. , no podemos participar efectivamente en el cuidado de nuestro entorno. Este elemento para ejercer la participación ciudadana incluye la creación de mecanismos legales efectivos para obtener la información en manos del gobierno.

En este orden de ideas, fue alentador leer al inicio de la administración uno de los principios para alcanzar un gobierno eficiente y honesto que reza “en las sociedades abiertas, el acceso a la información pública y la obligación de las autoridades a dar la cara y rendir cuentas, es una práctica indispensable para la consolidación democrática. Cuando estos principios se vulneran, se vulnera también la democracia”.

Pero el gobierno del estado ha fallado en este ámbito. Con la ayuda de una Ley de Estatal de Acceso a la Información a través puede calificar de reservada prácticamente cualquier información que le sea solicitada, desde aportaciones estatales otorgadas a organizaciones no gubernamentales, hasta estudios del medio ambiente de la capital sonorense, como es el caso la Evaluación de la calidad ambiental en al ciudad de Hermosillo y los posibles riesgos a la salud, estudio realizado por la Universidad de Sonora cuya naturaleza es evidentemente de interés público, pero la autoridad gubernamental ha tenido a bien ocultar para evitar futuras negociaciones con dependencias federales que aportan dinero para tales proyectos.

Proyectos de desarrollo: la deuda ambiental

Las metas de Desarrollo del Milenio 2015 aprobadas por la Organización de las Naciones Unidas, plantean que la sostenibilidad no puede lograrse con los modelos actuales de consumo y uso de recursos, sostiene que los pobres son los más afectados por la problemática ambiental y propone que los gobiernos destinen esfuerzo y dinero para atender esta desigualdad. En este sentido, una de las metas en materia de medio ambiente es reducir la proporción de personas sin acceso al agua y servicios básicos de saneamiento, como la disposición de basura, agua potable y tratamiento de aguas residuales.

Al revisar el PSP podemos darnos cuenta que las 161 obras proyectadas sólo seis se refieren a disposición de basura, pero a la fecha ningún proyecto se ha iniciado. Hay dos obras sobre tratamiento de aguas residuales y drenaje y ninguna obra para conducción de agua potable. El saneamiento básico no fue prioridad en el programa de gobierno, para la sociedad lo es porque implica la reducción de riesgos a la salud por la exposición a tóxicos y la protección de los recursos naturales evitando que las aguas servidas y la basura contaminen los mares, aguas subterráneas y entorno en general. La disponibilidad de agua para la gente y los proyectos para asegurar su disponibilidad debieron cobrar más importancia en la actual administración, pues es un recurso que condiciona el desarrollo humano y que es amenazada por los efectos del cambio climático.

Las gran cantidad de obras del PSP dirigidas a mejorar las vialidades, abrir nuevas y construir distribuidores están pensadas en función del paso de mercancías, no de la gente y de la ciudad en su conjunto. La necesidad de crear mejores sistemas de transporte público radica en resolver el problema de movilidad de la gente minimizando el uso de combustibles fósiles y las emisiones al ambiente. Si solo invertimos en vialidad sin un sistema eficiente y accesible de transporte colectivo, lo único que hacemos es incentivar el uso de vehículos particulares y asegurar un espacio público contaminado y caótico por la carencia de sistemas de control de emisiones de fuentes móviles y falta de aplicación de reglamentos y bandos en la materia.

Conclusiones

Este día del medio ambiente, la Red Fronteriza de Salud y Ambiente, A.C. manifestamos nuestro compromiso de seguir trabajando e invitamos a todos y todas a seguir trabajando con acciones colectivas e individuales por un medio ambiente saludable y sostenible.

Invitamos a nuestras autoridades presentes y futuras a asumir la responsabilidad ambiental y la inclusión social como principios fundamentales en todas las acciones de gobierno y consecuentemente hacer las reformas pertinentes para subsanar y mitigar los impactos ambientales y sociales de la actual política pública.

Hermosillo, Sonora, Junio de 2009